Washington Prensa. CODHES. 05/11/09. El director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento CODHES, Marco Romero afirmó hoy que el 80.7% del total de personas en situación de desplazamiento en Colombia sobreviven en condiciones de indigencia y que se impone un proceso acelerado de empobrecimiento de la mayoría de esta población.
Romero participó hoy en la audiencia sobre desplazamiento forzado y conflicto armado en Colombia citada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y reveló cifras alarmantes en torno a la situación de los desplazados, citando los resultados de una encuesta realizada por la Universidad Nacional para la Corte Constitucional colombiana.
"Antes del desplazamiento el 51% de las familias desplazadas eran pobres y el 30,5% indigentes y después del desplazamiento el 96,6% de estas familias son pobres y el 80,7% son indigentes", explicó el vocero de CODHES, tras señalar que se trata de familias que abandonaron tierras de producción agrícola y que hoy viven en la informalidad laboral en las grandes ciudades del país.
Los comisionados de Derechos Humanos recibieron de CODHES información sobre las 5.5 millones de hectáreas despojadas o abandonadas desde 1998 mediante presiones y acciones violentas que afectaron a 385 mil familias, "una verdadera anti-reforma agraria que explica la violencia y el desplazamiento y contribuye a la pauperización de miles de familias procedentes de las zonas rurales", según explicó Romero.
La cifra no incluye el despojo de tierras de pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes que en los últimos tres años han padecido con especial dureza la invasión de sus territorios por parte de grupos armados irregulares y de la Fuerza Pública que los combate, preciso el defensor de derechos humanos.
Este despojo de tierras a los desplazados, así como el lucro cesante, asociado a la disminución de la producción de alimentos, representa alrededor de $49,7 billones de pesos, cifra equivalente al 11,6% del Producto Interno Bruto a precios corrientes del 2007, indicó el experto.
La Corte Constitucional colombiana ordenó al gobierno revisar la política de restitución y adjudicación de tierras para las familias rurales desplazadas por la violencia, tras considerar que no ha servido para restituir los derechos de las personas afectadas, puntualizo Romero.
